Es jurista, activista sindical y feminista, y una figura especialmente vinculada a la historia del movimiento obrero, el antifranquismo y la memoria democrática en Getafe y Madrid. Su trayectoria resulta singular porque conecta la militancia clandestina de los últimos años de la dictadura, la defensa de los derechos laborales y civiles durante la Transición y una prolongada participación posterior en instituciones y movimientos sociales.
Estuvo vinculada a Comisiones Obreras y conoció en París, durante el exilio, a Pedro Patiño, militante obrero con quien formó una familia y se instaló posteriormente en Getafe. Patiño fue asesinado por la Guardia Civil el 13 de septiembre de 1971 mientras participaba en tareas de propaganda relacionadas con una huelga clandestina del sector de la construcción. Tras su muerte, Dolores Sancho emprendió, con el abogado Jaime Miralles y el apoyo de CCOO, una intensa batalla para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y exigir responsabilidades. La documentación contemporánea muestra que actuó jurídicamente en nombre propio y de sus hijos y que llevó sus reclamaciones incluso frente a organismos de la Administración franquista.
Este aspecto de su biografía es especialmente relevante para la historia de la Transición porque sitúa su experiencia en la intersección entre represión franquista, movimiento obrero y reivindicación de justicia. Su trayectoria permite analizar cómo las familias de las víctimas no fueron únicamente sujetos pasivos de la represión, sino que desarrollaron estrategias jurídicas, sociales y políticas para combatir el relato oficial de la dictadura y preservar la memoria de quienes habían sido asesinados.
Durante los años setenta mantuvo además vínculos con el entorno de la abogacía laboralista madrileña. Conoció a Manuela Carmena en el ámbito del despacho laboralista de Atocha, uno de los espacios centrales de defensa jurídica del movimiento obrero durante el tardofranquismo. Esa relación la sitúa dentro de un universo político y profesional estrechamente conectado con uno de los acontecimientos simbólicos de la Transición: el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha en enero de 1977.
Su trayectoria profesional posterior también presenta elementos singulares. Se licenció en Derecho por la UNED y desarrolló su carrera como funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Administración de Justicia. En 1986 adquirió notoriedad pública al denunciar prácticas de presunto cohecho y gratificaciones irregulares que había observado en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid. El País la presentó entonces como una funcionaria que había decidido denunciar sistemáticamente esas prácticas pese a las resistencias que encontraba en su propio entorno profesional.
Su compromiso cívico continuó décadas después. Entre 2015 y 2019 trabajó en el Ayuntamiento de Madrid como asesora del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo durante la alcaldía de Manuela Carmena. Paralelamente, ha mantenido una presencia activa en Getafe, donde ha formado parte del Consejo Social de la Ciudad y ha participado en iniciativas relacionadas con las personas mayores y la participación ciudadana, vinculada en este último ámbito a CCOO.
